La financiación del asociacionismo
En el Acord de Govern para el mandato 2007-2011 firmado por los partidos políticos que conforman el actual gobierno municipal no figura entre sus prioridades la cuestión de la participación ciudadana, en contraste con el acuerdo rubricado en la anterior legislatura 2003-2007. Tampoco aparece esta materia entre las 42 prioridades del Programa de Actuación Municipal para el 2008.
Sin embargo, el nombramiento de un concejal procedente del movimiento vecinal para ponerlo al frente del Servei de Participació Ciutadana despertó al inicio del mandato ciertas esperanzas.
Pensábamos que estaría en mejores condiciones de entender la necesidad de fortalecer las asociaciones vecinales a fin de convertirlas en entidades potentes capaces de realizar su labor de implicar a los vecinos en el buen funcionamiento de la vida colectiva de la ciudad, sirviendo al mismo tiempo de interlocutoras del poder local ante aquellos problemas o reivindicaciones que pudieran surgir en los barrios.
Pero la realidad no ha confirmado dichas expectativas. Los enfrentamientos de hace unos meses ocasionados por la forma en que el Servei de Participació Ciutadana gestionó la implantación de un nuevo Reglamento para el uso de los locales de los Centros Sociales y Cívicos de su competencia, generó ya sospechas de que esta legislatura iba a ser conflictiva en los asuntos participativos.
Ahora nos encontramos de nuevo con otra controversia, esta vez en torno a la financiación del movimiento vecinal.
Es conocido que casi la totalidad de las entidades y asociaciones tienen como principal, y a veces casi exclusiva, fuente de ingresos las subvenciones institucionales. Dichas subvenciones están reguladas por diversas normativas que garantizan el control del buen uso para el que fueron otorgadas sin que hasta el momento se haya detectado problema alguno al respecto. Por otro lado, para las entidades resulta fundamental el disponer puntualmente de los fondos económicos que le han adjudicado a fin de hacer frente a sus compromisos de tesorería derivados de su normal funcionamiento.
También es conocido que las subvenciones pueden ser un arma a utilizar por los poderes públicos para ahogar cualquier crítica procedente de los movimientos sociales. Saben que éstos dependen para subsistir de tal ayuda económica.
Pues bien, en estos momentos la FAVM se encuentra en una situación económica delicada debido a que aún no ha recibido los dineros municipales que le corresponden en virtud del convenio que firmó con el Ayuntamiento y que le garantizan su estabilidad como asociación y le permite seguir realizando su labor como dinamizadora del movimiento vecinal.
Este retraso en el pago pone a nuestra entidad en una situación de agobio económico lo cuál nos lleva a sospechar que detrás de esta actitud se encuentra una postura hostil hacia nosotros por parte del actual responsable del Servei de Participació Ciutadana. No otra cosa se deduce de los problemas burocráticos que se nos exigen para el abono de la subvención de este año.
Tratar de doblegar al movimiento vecinal mediante el mobbing económico no es una buena práctica política, pues contraviene los principios del fomento del derecho fundamental de asociación y el de la promoción de la participación social recogidos en nuestro ordenamiento jurídico.